Resumen: La sentencia recurrida desestima la demanda sobre despido disciplinario y lo declara procedente, se imputaba al trabajador faltas de asistencia al trabajo durante cinco días consecutivos. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por el trabajador que se desestima. Se argumenta por el trabajador que no puede sostenerse que el demandante hubiese faltado al trabajo de manera injustificada al ser paciente de riesgo ante la situación de COVID-19. La Sala , que desestima el recurso argumenta que el demandante fue dado de alta sin que se hubiera incorporado al trabajo ni hubiera presentado informe médico alguno para constatar que es persona de riesgo. Y el convenio colectivo de aplicación tipifica como infracción muy grave la inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos de forma injustificada, conducta que concurre en el caso de autos y que contiene el grado de culpabilidad y gravedad que han considerado los negociadores del Convenio, los que igualmente han entendido que es sanción proporcional la de despido.
Resumen: Despido de una cobradora de seguros: 1. Posible defecto en el ejercicio de la jurisdicción de la sentencia impugnada. 2. Existencia de relación laboral. Se aprecia la falta de contradicción en ambos motivos.
Resumen: Reiteran los trabajadores la nulidad o subsidiaria improcedencia de sus despidos por razón del carácter fraudulento de la externalización de la actividad en favor de sus empleadoras. Tras recordar los requisitos de apreciación de una cesión ilícita advierte la Sala (desde la condicionante dimensión del relato judicial de los hechos) que no existe indicio alguno del que quepa inferir que las funciones propias del empleador (organización, planificación y dirección del trabajo) fueran desarrolladas por empresa alguna extraña al Grupo PTA que ha sido el que promovió el despido colectivo que finalizó con el cese de los actores. Se declara la improcedencia formalmente sustentada en el hecho de no haberse puesto a disposición la indemnización debida a los mismos al resultar inaplicable al caso la doctrina jurisprudencial invocada por el Juzgador a quo pues el despido colectivo se funda en causas de índole productivo-organizativo, respecto de las cuales la norma no admite la posibilidad de postponer el pago de la indemnización; advirtiendo, en este sentido, como en el acuerdo que se pone fin al periodo de consultas nada se mejora respecto de la indemnización mínima legal de 20 días por año, ni consta que se habilite a la empresa para post-poner su pago, por lo que el grupo promotor del despido colectivo, a la hora de demorar el pago de la indemnización no respeta los mínimos de derecho necesario que exige la doctrina judicial a la que se alude.
Resumen: DESPIDO DISCIPLINARIO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. CALIFICACIÓN: NULO O IMPROCEDENTE -Interpretación del art. 2 del Real Decreto 9/2020-. FALTA DE CONTENIDO CASACIONAL.
Resumen: La no afectación total de la cantidad percibida a la realización de la actividad para la que se haya concedido la prestación en pago único no debe ser considerada íntegramente como un pago indebido, sino solamente en la parte no invertida en la finalidad autorizada, por lo que no comporta la obligación de reintegrar todo lo percibido por parte del desempleado sino solamente lo no destinado a ese fin. Tal es así cuando se ha alcanzado el fin de autoempleo a que tendía el abono de la prestación de desempleo contributiva en su modalidad de pago único; cuando no concurra una finalidad fraudulenta; y cuando la aplicación de parte de los fondos al fin autorizado ha sido necesaria para la puesta en marcha de la actividad.
